Los gobiernos municipales y autonómicos se empiezan a encontrar con sus límites

cambioDurante estas últimas semanas estamos viendo como, tras las elecciones generales, muchos de los planteamientos que se venían haciendo desde las llamadas “fuerzas del cambio” (Podemos y los gobiernos municipales de su órbita) están dando pasos atrás. Cuando ha tocado decidir entre posicionarse con las luchas sociales o con la patronal o la represión ha optado por la segunda.

En el caso de Carmena, la cuestión de los titiriteros hubiera sido un buen momento para que el Ayuntamiento de Madrid se posicionara en contra de la Ley Mordaza y la represión que el activismo social y político viene sufriendo los últimos años. La opción tomada por el Ayuntamiento de Madrid ha sido la de alinearse con las fuerzas represoras, denunciando a los titiriteros y dándole la espalda a lxs activistas, en lugar de defender la denuncia social que venían haciendo con su teatro. La dirección de Podemos, a través de la figura de Carolina Bescansa, mantuvo el mismo discurso que el Ayuntamiento de Madrid, tachando de “desafortunada y lamentable” a la obra de los dos titiriteros.

Por su parte, en Barcelona lxs trabajadorxs de TMB (Metro y Bus de Barcelona), en plena negociación de su convenio, han convocado una huelga los días 22 y 24 de febrero coincidiendo con el Congreso Mundial de Telefonía Móvil. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en lugar de utilizar la alcaldía para impulsar y potenciar la lucha de lxs trabajadorxs llegó a plantear en BTV noticias “que convocar una huelga es incompatible con la negociación”, llegando incluso a revelar los sueldos de los trabajadores, intenando quitar legitimidad a su lucha un día antes de la huelga y a la desesperada.

En Aragón, hace escasos días el presupuesto autonómico ha sido aprobado con los votos a favor del PSOE, Podemos, CHA e IU. Un presupuesto difícilmente asumible por un gobierno progresista, con ciertos avances respecto al presupuesto anterior aprobado por el PP y PAR, pero en el que se sigue manteniendo el pago de la deuda como uno de los ejes fundamentales, con ligeros incrementos en los presupuestos destinados a educación y sanidad pero muy por debajo de los índices anteriores a 2012, etc. Estos presupuestos dividieron al Consejo Ciudadano de Podemos en Aragón. En él se votó a favor con un 61%, 15,4% de abstenciones y un 23% en contra de la aprobación de los presupuestos.

En el Ayuntamiento de Zaragoza, gobernado por Zaragoza en Común, los presupuestos han sido aprobados por ZEC, CHA y PSOE. Al igual que en los presupuestos autonómicos el pago de la deuda sigue siendo un eje fundamental del actual consistorio de Zaragoza. Paralelo al debate sobre los presupuestos en Zaragoza la huelga parcial indefinida de lxs trabajadorxs de Auzsa (empresa municipal de autobuses) cumple más de 65 días, en la lucha por la mejora de su convenio laboral. El Ayuntamiento de Zaragoza ha exigido hace pocos días al comité de huelga de Auzsa que “flexibilicen sus posiciones” para que sea posible llegar a un acuerdo con la empresa. Pidiendo “flexibilidad” a trabajadorxs que han visto durante los últimos años recortados sus sueldos (un 3,9% desde 2013), que no tienen sistematizados los descansos y otras reivindicaciones, que no requieren de “flexibilidad” de lxs trabajadorxs sino de que la concesionaria desista o bien que el Ayuntamiento remunicipalice la empresa de transportes.

Los ejemplos anteriores son una viva muestra de los límites que empiezan a encontrarse las fuerzas políticas que han buscado solucionar todos los problemas de la clase trabajadora y la juventud a través de la gestión institucional, sin plantear la necesidad de la movilización y la lucha sostenida para mejorar nuestras condiciones de vida y romper con la lógica económica de este sistema.

El plan B no viene a romper con esos límites sino a generar ilusión sobre las mismas políticas.

El fin de semana del 20 y 21 de febrero ha tenido lugar en Madrid una conferencia impulsada entre otras personalidades por el ex-ministro de finanzas griego Yanis Varoufakis bajo el nombre “Un Plan B para Europa”. El objetivo que establecen es construir “un espacio de convergencia europeo contra la austeridad y por una verdadera democracia”. El manifiesto sigue una línea de continuidad con el discurso que ha mantenido Podemos y la dirección de Syriza (hasta julio de 2015 al menos) respecto a la Unión Europea, en el cual no sitúan a la Unión Europea como un organismo construido por y para los capitalistas europeos sino como una organización que tiene que ser democratizada y “puesta al servicio de la ciudadanía”. El problema, por tanto, no es la orientación de gestión que ha tenido Syriza desde el principio sino el “golpe de estado” dado por los poderes europeos en Grecia. La realidad es que Syriza en ningún momento ha generado una relación de fuerzas alternativa, de clase e independiente de las instituciones europeas. Hemos visto, por el contrario, una Syriza en continuo retroceso en términos programáticos, que buscaba a toda costa llegar al gobierno de Grecia, renunciando a su programa y llegando, como hemos visto durante los últimos meses, a reprimir y detener a activistas y trabajadorxs que se oponían a sus políticas. El problema, por tanto, no es el golpe de estado de las instituciones europeas (que defienden los intereses del capital europeo) sino una Syriza que ha ido dando pasos atrás y que en ningún momento se ha planteado romper radicalmente con la lógica económica capitalista sino gestionarla.

La clase trabajadora y la juventud tienen la tarea de construir una alternativa

Un verdadero plan B para la clase trabajadora y la juventud europea no puede ser construir una Unión Europea democrática o retornar a la Syriza de julio de 2015 que no tenía en su proyecto político acabar con la deuda, nacionalizar la banca o prohibir los despidos. Un plan B para Europa se tiene que construir desde la movilización de la clase trabajadora y la juventud, con un programa extraído de esas luchas que ponga por delante el impago de la deuda para asegurar los servicios públicos, la nacionalización de la banca bajo control de lxs trabajadorxs para garantizar que los recursos no sean para beneficio de unos pocos sino para beneficio del conjunto de la sociedad, la prohibición de los despidos, el derecho a decidir de los pueblos y otras muchas reivindicaciones que parten de las movilizaciones que se han dado en Europa desde el comienzo de la crisis.

En el Estado español, en pleno debate sobre la investidura, la alternativa tiene que pasar por construir una alternativa anticapitalista y de ruptura que no tenga como eje central la gestión de una parcela de poder o de algunos ministerios sino que tenga como tarea impulsar la movilización y las luchas. Ya que sea cual sea el gobierno que tengamos en pocos meses será la lucha y la tensión que se pueda ejercer desde las calles, los centros de trabajo y los centros de estudio lo que determinará que todo siga como está o que verdaderamente se rompa con las políticas de austeridad y la lógica capitalista.

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